Mario
Salvatierra,
Diputado de la Asamblea de Madrid y miembro de Izquierda
Socialista
Desde el día en
que
el Rey Juan Carlos I anunció que abdicaba de su cargo los grandes medios de
comunicación y los poderes económicos que los financian se lanzaron a la
defensa
de blindar el "orden constitucional". ¿Cuál es este "orden" que requiere
tanta
protección?
Es el pacto
constitucional de 1977-78, la resultante Carta Magna, cuyos pilares
esenciales
son:
1. La Monarquía parlamentaria
como
forma política del Estado español.
2. El Estado autonómico como
organización territorial.
3. La economía social de mercado
como columna vertebral del Estado social y democrático de
Derecho.
4. El Estado aconfesional como
garante de que ninguna religión tenga carácter estatal.
5. Los partidos políticos como
instrumentos fundamentales para la participación política en el ámbito de la
democracia representativa.
6. El Tribunal Constitucional
como
intérprete supremo del texto constitucional, las disposiciones normativas o
actos con fuerza de Ley, y última instancia para la resolución de los
conflictos
competenciales entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de éstas entre
sí.
7. La incorporación de España
con
plenos derechos en el marco europeo, aunque dicha aspiración no se encuentra
explícitamente formulada en la Constitución.
Pues bien,
ninguna
de estas instituciones se libra de experimentar un severo desgaste y, en
consecuencia, están profundamente cuestionadas en la actualidad. Así las
cosas,
empeñarse en impermeabilizarlas con el único fin de mantener el actual statu
quo
lo único que logrará será ahondar aún más la herida de la indignación social
y,
sin duda, suscitará un clima de rebelión ciudadana, sobre todo en las
generaciones que nacieron con posterioridad a aquel pacto
constitucional.
UNIÓN
EUROPEA
Empecemos por
Europa. En una reciente entrevista, Romano Prodi (nada sospechoso de ser
simpatizante de Syrisa o de Podemos) aseveraba: "Estamos al borde de abismo,
suicidándonos. La austeridad es un grave error" (La Vanguardia, 08/06/2014).
En
efecto, el denominado "consenso de Bruselas" que nace como respuesta a la
crisis
de la deuda en 2010 tiene dos ejes devastadores para la mayoría de la
población:
por un lado, la estabilidad presupuestaria que obliga por ley a que los
presupuestos cuadren y fija constitucionalmente la prioridad absoluta del
pago
de la deuda, impone el recorte de gasto social, la reducción de los salarios
y
de los impuestos y, por otro, impide al BCE activar una política económica
expansiva con el fin de generar un crecimiento por encima del 3% y, con
ello,
fomentar realmente la creación de empleo. Consecuencias: aumenta la
desigualdad
entre ricos y pobres, las clases medias se fracturan, acrecienta el trabajo
basura y, con él, asciende el precariado, los jóvenes vivirán peor que sus
padres, el Estado de bienestar se devalúa y, lo que es más grave de todo, se
ultraja a la democracia.
Quienes ahora
exaltan con vehemencia el hecho de que la izquierda social y política no
hiciera
de la República casus belli y aceptaran la Monarquía parlamentaria porque lo
fundamental era sacar adelante la democracia, ¿no se dan cuenta de que si no
se
solucionan cuanto antes aquellos parámetros del pacto constitucional, lo que
inexorablemente ocurrirá será que la ciudadanía termine despreciando a la
democracia? La supuesta solución- el inmovilismo, el gatopardismo, o los
paños
calientes- es el problema.
Parafraseando a
Bill
Clinton podríamos decir: "¡Es la democracia, estúpido!". La crisis empezó
siendo
financiera pero ahora ya es económica, política y social. ¿Van a seguir
negando
que la receta para salir de la crisis, la austeridad, sea la crisis en sí
misma
y que, por si fuera poco, está haciendo tambalear a la democracia como
sistema
de convivencia? El sueño del neoliberalismo es nuestra
pesadilla.
ESPAÑA
Continuemos con
España. En los últimos lustros, da la impresión de que la institución
monárquica
desea afianzar instauración de la Tercera República. Si en el pasado tuvimos
noticias de las turbias relaciones económicas del monarca con Manuel Prado y
Colón de Carvajal, Javier de la Rosa y Mario Conde, en el presente tomamos
conocimiento del affaire con la princesa Corinna, la caza de elefantes en
Botsuana y principalmente todo lo relacionado con el Caso Nóos, Iñaki
Urdangarin
y la infanta Cristina. Si tiempo atrás se hacía la vista gorda, ahora con la
crisis de por medio nadie está dispuesto a perdonar a nadie. La gente está
demasiado agraviada y vive los privilegios como un oprobio
intolerable.
El Estado
autonómico
se encuentra hondamente depreciado. Ya no sólo porque es incapaz de plasmar
de
un modo transparente y equitativo un sistema de financiación territorial que
asegure la cohesión social y territorial, sino fundamentalmente porque los
principios de descentralización política han sido implacablemente
cuestionados
por el nacionalismo español. Una derecha envuelta en la bandera española que
los
atacaba con profusión tanto en la calle como en el parlamento cuando estaba
en
la oposición y los soslaya olímpicamente cuando gobierna. La llave maestra
es la
renacionalización de España y la recentralización del Estado. Lo que de mala
gana transigieron en el pacto constitucional, la existencia de
nacionalidades y
regiones, quieren revertirlo negando la existencia de distintas naciones en
el
territorio español. Cataluña, País Vasco y Galicia son naciones culturales,
que
no políticas porque para que lo fuesen tendrían que convertirse en Estados,
y,
sin embargo, la derecha y gentes de izquierdas que comparten las premisas
del
nacionalismo español rechazan el hecho de que realmente España sea una
Nación de
naciones. El mal llamado "encaje" de Cataluña en España se funda
precisamente en
la falta de reconocimiento de esta incuestionable
realidad.
La reforma
exprés de
la Constitución en su artículo 135, hecha sin ninguna deliberación previa, a
oscuridad y entre telones, el día 27 de septiembre de 2011, estableciendo el
principio de austeridad presupuestaria y la prioridad absoluta del pago de
la
deuda, supone un definitivo mazazo al primordial objetivo de guiar la
actividad
económica bajo las reglas de la economía social de mercado. Con esta
modificación se asume que no puede haber otra política económica que la que
dicta el dogma neoliberal. Si no hay margen para otras políticas, si es
fácticamente imposible rectificar el dictado del "consenso de Bruselas", ¿de
qué
y para qué sirve la democracia?
El modelo de
Estado
aconfesional, que no laico, evidentemente no aminora los problemas que
plantea
la religión en el espacio público. Al ser un híbrido entre el Estado
confesional
y el Estado laico, no acaba de delimitar la esfera del Estado y de la
religión.
La mescolanza radica en que, por una parte, sostiene que ninguna religión
tendrá
carácter estatal y, por otra, establece una especial relación privilegiada
con
la Iglesia Católica que se consuma en el Concordato con la Santa Sede.
Además de
no pagar impuestos de los bienes inmuebles de la Iglesia Católica, de
obtener
recursos financieros por parte del Estado, el principal inconveniente que
tenemos es que la Iglesia Católica entierra cualquier pretensión de
otorgarle un
espacio racional a la enseñanza de la religión en la escuela. Se obstina en
prescribir una sociedad de feligreses cuando lo que queremos ser es una
sociedad
de ciudadanos.
En sociedades
complejas como la nuestra la única fórmula eficaz para ejercer la
participación
ciudadana es la democracia representativa y ésta se articula a través de los
partidos políticos. Por tanto, si los partidos no encauzan las demandas de
los
sectores sociales que dicen representar - ya sea por impotencia ante los
poderes
fácticos, ya sea por desideologización para obtener mayorías electorales y,
así,
perder el rumbo de su auténtica razón de ser-, entonces no cabe extrañarse
y/o
renegar de la desafección ciudadana ante la política. Y cuanto más se aleje
la
gente de los partidos, mayor será el vaciamiento de la democracia. La
izquierdas
que cuestionan radicalmente a los partidos, como el grito populista "¡que se
vayan todos!, se ajustan muy bien al intento del poder económico y
financiero,
absolutamente inmune al control democrático, de socavar el fundamento de la
democracia. Democracia es control, limitación de poder y transparencia en la
toma de decisiones.
La crítica burda
y
sin matices a los partidos políticos supone hacerle el juego a quienes
aspiran
sustituir la democracia por la oligarquía y la plutocracia. Es verdad que
los
partidos políticos necesitan extirpar los quistes del pasado en sus
programas
como también es forzoso que realmente impregne la democracia interna en su
funcionamiento orgánico, pero no nos equivoquemos: son absolutamente
necesarios.
¿Cuál es la cura? Democracia de partidos y democracia en los
partidos.
Por último, nos
queda hablar someramente del Tribunal Constitucional. ¿Ha sido este
organismo
neutral a la hora de dilucidar determinados recursos de inconstitucionalidad
contra leyes o disposiciones normativas con fuerza de ley? ¿Han sido sus
miembros independientes de los intereses que entran en juego en la
resolución de
sentencias? En la pregunta está la respuesta: no. La mayor prueba de su
actividad torticera la ofreció en todo el proceso deliberativo del Estatuto
de
Cataluña y en la resolución del mismo dando sobradas muestras de que
respondía a
los apremiantes llamamientos del Partido Popular. Difícilmente, después de
una
actuación de este calibre, recobre con rapidez el respeto y la máxima
consideración de la ciudadanía.
REFORMA
CONSTITUCIONAL
Este breve y
sencillo repaso por las columnas substanciales del pacto constitucional, nos
permite concluir que si no abordamos con urgencia una reforma
constitucional,
nada se mantendrá en pie e iremos como caballos desbocados directos a la
ruptura. Es el momento de alturas de miras, de ahuyentar el mezquino corto
plazo, y de emprender una nada escuálida reforma constitucional. De lo
contrario, el camino de la ruptura estará servido.
Por todo ello,
no es
asumible que a la hora de elegir al futuro secretario (o secretaria) General
del
PSOE este debate brille por su ausencia. La militancia del PSOE necesita
saber,
entre otras cosas, qué proponen los/as candidatos/as respecto a las
cuestiones
aquí abordadas. Y, ¡atención!, ya no valen las clásicas fórmulas de la
mercadotecnia para salir al paso. Es época de encrucijada y, por
consiguiente,
momento para un liderazgo firme en las convicciones. Solamente de esta
manera
podrá recuperar el PSOE la credibilidad perdida. Esperemos buenas
noticias...
